En Amayapampa vive y trabaja una nueva generación que en alguna medida conserva la memoria.
Los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla, expresión demasiado conocida pero no siempre tomada en cuenta. El tema viene a cuento cuando hace pocos días representantes de 280 trabajadores mineros de Amayapampa entregaron simbólicamente a las autoridades unos lingotes de oro de su propia producción. Para empezar, la fecha de este acto no fue casual.
Coincide con las acciones policiacas y militares desatadas en diciembre de 1996 en Amayapampa, Capasirca y Llallagua, y que dieron como resultado 11 muertos, entre trabajadores mineros (uno de ellos Galo Luna, dirigente de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB); campesinos; jóvenes; una enfermera y un oficial de la Policía; además de varias decenas de heridos.
El hecho muestra con nitidez los rasgos de una acción desproporcionada en el uso de la fuerza, frente a un conflicto en su origen eminentemente laboral, debido al no cumplimiento de acuerdos firmados entre representantes de los trabajadores y de la empresa transnacional que operaba el yacimiento, recién adquirido de manos de empresarios bolivianos.
De lo que se trataba en realidad era de mostrar a los inversionistas extranjeros que el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada tenía la sartén por el mango, que contra viento y marea haría respetar el “principio de autoridad” y, sobre todo, garantizaría los capitales transnacionales invertidos. En cierto sentido fue un adelanto de la política de fuerza aplicada, en su segundo mandato, en octubre de 2003. A más de 20 años de los sucesos la entrega de los lingotes en la fecha indicada pone en evidencia que en Amayapampa vive y trabaja una nueva generación que en alguna medida conserva la memoria.
El yacimiento, tras varias ventas y reventas, quedó en manos la empresa Minera Nueva Vista SA (subsidiaria de Lion Gold Corp de Singapur), que se adjudicó su explotación en diciembre de 2012, pero la abandonó sin dar explicaciones, con deudas a sus trabajadores. Ante esta situación, cumplidos los recaudos legales pertinentes, finalmente Amayapampa pasó a ser una empresa pública bajo la jurisdicción de Comibol. De ahí que los trabajadores le pidieron al Gobierno que realice inversiones para ampliar la producción.
La prudente respuesta del presidente Morales fue que el tema debe ser estudiado en función de proyección de montos a invertir, términos de recuperación y posibles utilidades. Otros aspectos colaterales complejos, aunque no mencionados en la ocasión, atañen a la región, a las comunidades locales con sus fuertes tradiciones culturales y a la necesaria protección ambiental; temas que al parecer incidieron en los fracasos de la administración privada transnacional anterior.
He aquí algunos libros y pistas para quienes se animen a hacer un recuento de lo que pasó allí los días navideños de 1996, punto de partida para abordar la significación actual y futura de Amayapampa: i) Matanza del nuevo poder minero. Amayapampa, Capasirca y Llallagua, diciembre de 1996, libro reportaje de Remberto Cárdenas Morales, publicado en 1998 y que demanda una urgente segunda edición. ii) Apuntes sobre la Masacre de Navidad, de Gonzalo Trigoso Agudo; un libro en gran medida testimonial por su carácter de informe a la COB, elaborado en marzo de 1997 y que en su edición de 2017 contiene además un valioso testimonio gráfico. iii) Crímenes de la democracia neoliberal y movimientos sociales, de César Navarro Miranda (actual ministro de Minería, cuando se ocupaba de defender los derechos humanos); el capítulo III de este libro publicado en 2006 está dedicado al tema. iv) Por supuesto, los informes de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y de la Misión de la OEA son pistas ineludibles, aunque según los autores antes citados en cierto modo tenderían a liberar de responsabilidades individuales a Sánchez de Lozada. Según la potente frase de Coco Manto, a veces los entreveros del oro se solucionan con plomo. No tenemos derecho a olvidarlo