Cien días es un plazo muy breve para definir los rumbos de una gestión de gobierno de cinco años. Pero en términos simbólicos permite detectar algunas señales, positivas o negativas, que a la larga pueden convertirse en tendencias que marcarán todo un período. ¿Cuál el balance que puede hacerse de dichas señales en los primeros 100 días del gobierno de Luis Arce Catacora?
Obviamente, el sello inicial es de legitimidad. Es el comienzo de una nueva etapa del llamado Proceso de Cambio iniciado en 2006, tras el inobjetable triunfo del MAS encabezado por Evo Morales en las elecciones de diciembre del año anterior. Pero el tiempo no transcurre en vano, con sus luces y sus sombras median casi 15 años entre uno y otro comienzo (enero 2006 – noviembre 2020).
Muchas cosas cambiaron en ese lapso. Para comenzar, las condiciones internacionales son bastante distintas, estamos en las puertas de una nueva “guerra fría” que implicará la conformación de dos bloques enfrentados. Vivimos los peores momentos de una asoladora pandemia que afecta a la humanidad entera y cuya aparente receta para combatirla, la vacuna, está sujeta no solo al afán de lucro del mercado, sino también a los vaivenes de la política externa confrontacional de los países poderosos. El proyecto latinoamericano de integración soberana tiene a un Brasil en manos de la derecha, una Venezuela atravesando una dramática crisis económica y social, una estoica Cuba afrontando inmensas y acumuladas dificultades y, un Estados Unidos revitalizado, dispuesto a restablecer sus políticas de dominación. Sobre estas temáticas el Gobierno boliviano no ha emitido todavía ninguna señal perceptible.
En lo interno, el resultado de las medidas de reactivación económica adoptadas está por verse. Hay esperanzas pero nada concreto todavía, excepto el freno a las desmesuradas pretensiones de la banca privada y la reversión de algunas tierras ilegalmente concedidas a personajes del gobierno “transitorio”. Pareciera que ciertos niveles gubernamentales apuestan únicamente a que se repita el auge de los precios de los hidrocarburos y minerales, como en la década anterior. No asoma un necesario debate sobre cómo superar el modelo extractivista, primario exportador dentro del cual nos movemos.
Pero, de donde provienen las señales menos positivas es desde los temas Justicia y Salud, rubros cuyos déficits se arrastran desde varios años atrás.
Ya no hay palabras gruesas para describir el funcionamiento del sistema judicial. Como cualquier hombre de la calle, tentados estamos de recurrir a los epítetos más groseros para calificar a jueces y magistrados. Incluidas sus madres, seguramente en su mayoría inocentes. El Gobierno, en vez de proceder a una pronta reforma judicial, lo que hizo fue frenarla hasta no se sabe cuándo y, mientras tanto, utiliza a la Justicia para limpiar de polvo y paja a todos sus adherentes encausados y para amenazar y perseguir a sus oponentes.
En el tema salud, lo propio. Ha sido incapaz de reconocer y enmendar los errores de la no priorización anterior, no ha podido desarmar a ciertos dirigentes que, haciendo gala de un prepotente corporativismo, confunden al grueso de profesionales y trabajadores en salud. La falta de información completa y transparente, la ausencia de un verdadero y franco diálogo con las bases del sector en el tratamiento de la Ley de Emergencia Sanitaria, han llevado a una situación sumamente perjudicial para la lucha contra la pandemia y para las gestiones multilaterales que el Gobierno debe realizar con este motivo.
Si a lo dicho antes añadimos algunos desmanes en el uso de recursos públicos en la campaña electoral y declaraciones escandalosas de ciertos bocones, el cuadro negativo se completa.
Y es así como la legitimidad recuperada puede irse perdiendo inexorablemente.
Carlos Soria Galvarro es periodista.