Todos pierden si continúa la pulseta

Cuesta imaginar, y más aún explicar las razones para que se haya armado semejante despelote.

Al momento de escribir esta columna (noche del jueves 10 de noviembre), no es posible apreciar cuál será el desenlace final del “conflicto” sobre el Censo. Continúa la pugna entre el Gobierno y la oposición acerca de un tema que no debiera suscitar mayores puntos discrepantes. Cuesta imaginar, y más aún explicar las razones para que se haya armado semejante despelote en torno a una cuestión aparentemente tan simple: la fecha en que debemos posar para tomarnos una fotografía que nos aproxime, más o menos, a saber cuántos somos, dónde y cómo vivimos.

Entonces, tratándose de una “noticia en desarrollo” no resulta atinado hacer un anticipado arqueo global de los resultados obtenidos y sus posibles efectos en el corto y mediano plazo. Lo que se tiene al momento es, de parte del Gobierno, un “ya no hay nada que discutir” y de la dirigencia cruceña un “no daremos el brazo a torcer” (textual, lo cual confirma que la pelea es vista como una pulseta).

Así las cosas, solo intentaremos plantear aquí algunas interrogantes que quizá contribuyan a un posterior recuento exhaustivo.

A riesgo de ser tipificado de “contemporizador” señalaré elementos críticos de uno y otro lado para que sean los propios lectores quienes los coloquen en uno u otro lado de la balanza y saquen sus propias conclusiones.

-¿Por qué el Gobierno sostuvo que “todo estaba listo” para realizar el Censo en noviembre del 2022? ¿Alguien asume la responsabilidad por tan tremendo equívoco?

-¿La decisión de prorrogar la fecha por casi dos años surgió espontáneamente en el Consejo de Autonomías, o fue sugerida por el Gobierno? ¿Se podía cerrar fechas prescindiendo de la región demográfica y económicamente más importante del país? ¿La ausencia deliberada de Camacho no era una señal de lo que podía ocurrir?

-¿Por qué el Gobierno no aclaró desde un inicio que los resultados del Censo de 2024 serían tomados en cuenta para la redistribución de ingresos, la asignación de escaños y la convocatoria a elecciones de 2025? ¿Por qué no se podía abrogar el famoso decreto si ahora se emitirá otro que recogería las modificaciones acordadas?

-¿En qué medida influyen en la toma de decisiones las actuales trifulcas internas del partido oficialista? ¿Los personeros del Gobierno pueden afirmar sin sonrojarse que no se cometen actos de violencia en las movilizaciones que propician y que los empleados públicos no son obligados a concurrir? ¿Cabildos, manifestaciones y cercos contra el paro, son acciones políticas o “técnicas”?

He ahí una pequeña porción de las interrogantes que podrían plantearse al oficialismo. Veamos ahora la otra cara de la moneda:

-¿Camacho, Calvo y compañía creen por ventura que con las acciones que encabezan van a ampliar, o cuando menos consolidar, las bases sociales que los sustentan, tanto en Santa Cruz como en el resto del país? ¿Acercan o alejan el rol preponderante que la región está llamada a cumplir en la Bolivia del siglo XXI?

-¿Si el Gobierno cedía a la demanda “Censo 2023”, cuál era el plan B para continuar en la onda de la confrontación? ¿Por qué todas y cada una de las evasivas o abandonos del diálogo sonaron a temas baladíes, a explicaciones contradictorias o a ostensibles pretextos?

-¿Alguien de la dirigencia cruceña se ha puesto a calcular aproximadamente las pérdidas económicas ocasionadas no ya a pequeños comerciantes, artesanos y otros cuentapropistas, sino a medianos y grandes productores agropecuarios? ¿Quién pagará la factura que crece más y más cada día de paro?

-Hay cientos de preguntas preocupantes: ¿Conocen la normativa legal que protege al sistema democrático de los aprestos sediciosos? ¿Sigue siendo la ultraderecha el trasfondo ideológico que los anima? ¿Controlan la violencia o la están desatando como parece ocurrir en las últimas horas? ¿De dónde salen los recursos para financiar el paro? ¿Cómo explica Camacho la pésima gestión al frente de la Gobernación cruceña?

Y para el cierre una afirmación: parecen convencidos de que la historia de 2019 puede repetirse. Olvidan que si esto ocurrió como tragedia, la segunda vez sería como una vulgar comedia.

Carlos Soria Galvarro es periodista.