Tiempos hubo en nuestra historia en que las masacres no eran investigadas, ni enjuiciados sus autores materiales e intelectuales. Tal es el caso de la que pasó a llamarse la Masacre del Valle, ocurrida bajo la dictadura de Banzer.
Desde que se instaló en el gobierno el 21 de agosto de 1971, con sus aliados del MNR y la Falange, no hubo un solo día que cesara la represión: detenciones arbitrarias sin forma ni figura de juicio, aplicación de torturas, ejecuciones, desapariciones y exilios forzosos. Cuando ya no tenían argumentos, los inventaban a través de novelones como Plan “Zafra Roja”, Plan “Loto Rojo Tachai” y otros parecidos.
Sin embargo, la represión no dejaba de ser selectiva, buscaba enemistarse lo menos posible con el sector campesino al que consideraba como manipulable base social de apoyo.
El conocido manual de Historia de Bolivia de los Mesa-Gisbert le dedica apenas un párrafo de seis líneas a los sucesos de Tolata y Epizana, sobre la antigua carretera Cochabamba-Santa Cruz. Dicen que “las manifestaciones fueron respondidas con disparos dejando un saldo de algunos muertos y varios heridos”. En realidad se trató de un gigantesco operativo militar para desbloquear unos 100 km de vías ocupadas por campesinos que así se sumaban a la resistencia de minas y ciudades, en rechazo a medidas económicas que afectaban a todo el pueblo trabajador y con particular rudeza a los trabajadores del agro, puesto que se congelaban los precios de sus productos mientras se duplicaban los de productos agroindustriales.
Era el despertar de una nueva y joven dirigencia campesina que experimentó en carne propia la dureza dictatorial y descubrió que sus mejores aliados no eran precisamente los elementos uniformados que se autonombraban sus “líderes”. Enero de 1974 marcó el comienzo del derrumbe definitivo del “Pacto Militar Campesino” y puso al desnudo las fisuras y contradicciones en el interior del bando castrense. Mostró la perfidia de Banzer que, por un lado envía a su representante personal para dialogar con los campesinos, por el otro manda despejar la vía con tanques y ametralladoras.
La masacre del Valle, (Enlace para descargar) una documentada publicación, acompañada de impactantes fotografías, sigue siendo hasta ahora la más contundente denuncia de la gravedad de los hechos, va mucho más allá de los 13 muertos reconocidos por las fuentes oficiales. Fue elaborada por la Comisión de Justicia y Paz conformada por sacerdotes y laicos de la Iglesia Católica. Según se supo, disgustó tanto a Banzer esta publicación que no solo la prohibió y persiguió, sino que se dio modos para doblarle la mano al cardenal Maurer y obligarlo a disolver Justicia y Paz. Supongo que es por eso que el ejemplar que poseo, una tercera edición fechada en La Paz el año 1979, está suscrito por la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia.
En todo caso los autores de este material histórico eran gente acuciosa y prevenida. Trabajaron con más de 70 informantes, muchos de ellos testigos oculares de los hechos, 30 campesinos de los que seis eran dirigentes principales, ocho oficiales y soldados, otros seis testigos ocasionales, doce sacerdotes, dos médicos y tres periodistas.
Además nos proporcionan un dato precioso: “El material original, debidamente documentado, se ha archivado en lugar seguro para que pueda estar al servicio de investigadores serios, cuando se den las adecuadas condiciones de seguridad y objetividad”.
A 48 años de los hechos y a casi 40 de vida democrática, se supone que existen las “adecuadas condiciones” para ubicar ese “lugar seguro” y retomar la investigación. Es un desafío para los/las jóvenes de hoy, tanto periodistas como historiadores. Y también, por qué no, para religiosos/as. ¿Algún día lo asumirán?.
Carlos Soria Galvarro es periodista.