Hay un par de cosas que no podemos dejar de mencionar en esta coyuntura. Por una parte, el comportamiento claramente sedicioso de algunos sectores de la oposición que se ilusionan con la posibilidad de repetir las acciones que culminaron con el derrocamiento de Evo Morales en 2019. Les guste o no, ese es un camino golpista, con todas sus letras. No se trata por cierto de un golpismo clásico, conocido por sus madrugones militares, sino de “golpes blandos” o “suaves” que un autor define como “técnicas conspirativas y desestabilizadoras no directas y en un principio no violentas, con el fin de derrocar a un gobierno democráticamente constituido… sin que parezca que ha sido consecuencia de la acción de un grupo económico y político”. Los ejemplos de este tipo de golpes en América Latina abundan, han ocurrido en Venezuela, Paraguay, Honduras, Ecuador, Brasil y Bolivia.
Claro está que cada caso tiene matices propios, se da con o sin intervención parlamentaria, con o sin las Fuerzas Armadas y la Policía, o con una participación discreta de éstas seguida de un pronto retorno a sus cuarteles. En tales movidas está presente el rol inspirador y articulador de los Estados Unidos, en especial sus servicios de inteligencia entrenados para realizar “operaciones encubiertas”. Bastaría seguirle los pasos a Carlos Sánchez Berzaín para comprobarlo: ubicado como director y principal ideólogo de una fundación yanqui de supuesta defensa de la libertad y la democracia, es el que prodiga los recursos y las ideas a los golpistas latinoamericanos; la expresidenta Áñez, varios de sus ministros (incluido Murillo), así como algunos opositores actuales, repiten de principio a fin el discurso emitido por el extraditable Sánchez Berzaín, suponen que los bolivianos hemos olvidado a los 67 muertos que precedieron a su huida a los Estados Unidos, en octubre de 2003.
Por otra parte, ¿qué es lo que sucede en el ámbito gubernamental? Lamentablemente se confirma la ausencia de una verdadera conducción estratégica. Pareciera que señalan el camino algunos tecnócratas incapaces de hacer el más elemental análisis político, o que se guían por meras intuiciones propias o ajenas. Peor aún, da la impresión de que existiera una mano negra que actúa desde las sombras induciendo a la comisión de errores a los personeros que ostentan las mayores responsabilidades. Por ejemplo, a quién se le ocurre introducir en la agenda del país una ley para la investigación de ganancias ilícitas sin tomar en cuenta la experiencia pasada del intento de modificar el Código Penal, iniciativa que tuvo que ser retirada por Evo Morales, lo mismo que terminó haciendo Arce Catacora en esta ocasión.
Vienen las preguntas obligadas: ¿No era suficiente, por el momento, la normativa existente sobre esos delitos? ¿Cuál la verdadera urgencia de aprobar ahora mismo una nueva ley? ¿Por qué quererla “socializar” cuando ya estaba aprobada por Diputados en vez de haberla consensuado previamente? ¿Qué instancia gubernamental o del partido oficial asume la responsabilidad de redactar un proyecto con notables y embarazosos flancos al descubierto, como el caso de la presunción de inocencia y el de la confidencialidad? ¿Hasta cuándo los diputados oficialistas seguirán en el triste papel de levantamanos dejando pasar intacto todo lo que viene del Órgano Ejecutivo? ¿Quién o quiénes son los encargados de entregar en bandeja a la oposición los mejores pretextos para su labor desestabilizadora?
En última instancia, los temas más sentidos por el conjunto del pueblo debieran ser a los que se les preste mayor atención: reactivación económica, salud, educación, medio ambiente. A esto se añade la tarea de restablecer el bloque social popular, con gremiales, transportistas, cooperativistas mineros y otros, cuyos intereses fundamentales no están ubicados en el bloque oligárquico, pero pueden ser neutralizados e incluso arrastrados por éste.
Carlos Soria Galvarro es periodista