“A más información, menos corrupción”.
Durante siete años corridos estuvimos al mando de la labor informativa de una radioemisora local en el municipio de Mecapaca, donde residimos. En ese periodo conocimos nada menos que a seis alcaldes, cuatro de ellos interinos; uno titular, pero con un tercio de su mandato reducido; y un último también titular que todo hace suponer culminará su mandato sin interrupciones. Pero la estabilidad de los gobiernos municipales no es el tema del que queremos ocuparnos hoy, sino el de la ventaja que significa haber conocido bastante de cerca seis administraciones municipales distintas, y el poder establecer algunas comparaciones en lo que hace al acceso a la información sobre el manejo de sus recursos públicos.
Los alcaldes, y también una alcaldesa, que ocultaban la información, que jamás aceptaron una entrevista con la radio, que se comprometían a visitarnos, pero nunca lo hicieron, que intentaron mantener en secreto el presupuesto y el plan operativo anual del municipio han sido los que dejaron el lastre de corrupción más pesado. Algunos de ellos han desaparecido o han escapado a otros países para eludir los juicios penales en su contra (que sepamos, ninguno de ellos fue condenado ni siquiera en rebeldía).
La conclusión fluye de inmediato, y con esto no descubrimos la pólvora: “A más información, menos corrupción”. Y precisamente con este lema realizamos una campaña radial basada en la información obtenida del Ministerio de Economía, dado que en la municipalidad nos fue negada. Con este sencillo ejemplo queremos reafirmar el enorme potencial que encierra el periodismo para contribuir a la transparencia en los asuntos públicos, particularmente en lo que se refiere al manejo del dinero público.
Que la tarea no es fácil, por supuesto que lo sabemos. Siempre fue difícil, y ahora lamentablemente sigue siéndolo. Hay una extensa normativa al respecto, pero se la soslaya o se la incumple sistemáticamente. Los ejemplos que mencionó la periodista Nancy Vacaflor, de la Agencia de Noticias Fides, en un debate televisivo al que fuimos invitados son como para tomarlos en cuenta.
Según sus palabras, ciertos niveles del Estado y algunas empresas públicas eluden los requerimientos de los periodistas, no responden a los cuestionarios escritos que se les presenta, y se esmeran en ocultar la información. Es decir, hacen todo lo contrario de lo que manda la Constitución Política el Estado, cuando reconoce la información y la comunicación como un derecho de toda la ciudadanía. Y violan, entre otras normas, la Ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas (ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, de marzo de 2010); y la Ley de Participación y Control Social, de febrero de 2013.
Aunque es muy sabido que una simple ley no cambia las cosas, ayudaría a esta batalla por la transparencia una disposición legal específica de acceso a la información, que establezca drásticas sanciones a los funcionarios públicos, especialmente a los de cargos ejecutivos, que se nieguen a brindar información, y peor aún si la ocultan deliberadamente.
Hace pocos años, la Asociación de Periodistas de La Paz, cuando su presidenta era Lupe Cajías, tenía en ciernes un anteproyecto de ley al respecto. ¿No será el momento de reactivar esta iniciativa? Muchos considerarán que la actual situación no es propicia para realizar una movilización social imprescindible para lograr la aprobación de semejante ley. Pero ¿no se lograría por lo menos introducir el tema en la agenda de los debates electorales? Lo creemos útil, necesario y posible
Una dura realidad, las prácticas de no ser trasparentes y rendir cuentas entre amigos o de lo único que pase la prueba ha hecho de la corrupción ya no un mundo que se mueve por abajo, es un mundo que afloró y se hace ostentoso, mas no cuantificable.